- Comisión oficial busca “conocer la verdad” del ataque estadounidense de 1989
Por Julio Olvera
Este 20 de diciembre se cumplen 32 años de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, sin que se sepa todavía el número preciso de víctimas fatales, una situación que hace difícil borrar las imágenes y el olor a muerte.
La controversia persiste. Estados Unidos señala 202 civiles y 314 militares muertos, aunque asociaciones como Americas Watch, Comité Panameño y Physicians for Human Rights, así como instituciones como la Iglesia Católica dicen que la cifra es mayor.
El 16 de diciembre de 2019, la plataforma periodística Panamá Files publicó más de 600 documentos desclasificados de Estados Unidos, como resultado de una alianza entre el colectivo de periodistas Concolón, la Comisión 20 de Diciembre de 1989 y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington.
Entre esos documentos, señala Panamá Files, hay memorandos sobre las cifras de panameños muertos en el ataque. “Tras contar los cuerpos que ellos mismos enterraron en fosas y agregar las cifras proporcionadas por el Instituto de Medicina Legal, llegaron a la (cifra) que mantuvieron para siempre: 202 civiles (y) 314 militares” muertos por la invasión”, indica la plataforma.
La magnitud del bombardeo inicial fue tal que el Sismógrafo de la Universidad de Panamá registró 417 impactos en las 14 horas siguientes a la detonación de la primera bomba, minutos antes de la medianoche del 20 de diciembre de 1989; hubo un impacto cada dos minutos, según consignó el Centro de Estudios Estratégicos (CEE) de Panamá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su "INFORME No. 121/18
CASO 10.573" sobre la invasión, refirió que el mayor número de enfrentamientos armados entre las Fuerzas de Defensas panameñas y el ejército de Estados Unidos tuvieron lugar en los primeros cinco días de la ocupación.
Aunque el objetivo de los bombardeos era la destrucción de instalaciones militares y policiales, en el caso de la capital panameña, zonas civiles aledañas, altamente pobladas, fueron alcanzadas por los bombardeos.
Así ocurrió en el caso del barrio El Chorrillo, que resultó con el mayor impacto y daños, toda vez que varios edificios habitacionales y viviendas construidas con madera rodeaban el cuartel central de las fuerzas norieguistas, cercano a la zona céntrica de la ciudad. Un ataque similar se produjo en un área urbana de Colón, una ciudad a la entrada atlántica del Canal.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recapituló de la siguiente manera: “las fuerzas armadas estadounidenses hicieron uso de armas, tanquetas, helicópteros y aviones; así como el despliegue de soldados paracaidistas y el uso de armas explosivas”.
El ataque –puntualizó– generó miedo generalizado en la población civil al sorprender a gran número en sus hogares y en su mayoría, los civiles tomaron refugio dentro de sus hogares o salieron en búsqueda de mayor protección a las vías públicas donde se estaban llevando a cabo los enfrentamientos.
Muchos de los fallecidos a consecuencia de la invasión fueron trasladados por las fuerzas de ocupación a los hospitales, sobre todo de la Ciudad de Panamá y de Colón para ser inhumados luego en fosas comunes.
Ni las autoridades panameñas instaladas tras la invasión ni Washington realizaron esfuerzos suficientes en el establecimiento de listados definitivos sobre la cantidad de muertos y desaparecidos panameños, o sobre las circunstancias en las que murieron, como recogió la CIDH en su informe de 1991.
Sin embargo, un “listado preliminar” del Centro de Estudios Estratégicos, de fecha 26 de octubre de 1992, dio cuenta de los nombres de 331 panameños. El documento, el único que hasta entonces había sido divulgado públicamente, fue retomado por la oficial Comisión 20 de Diciembre Por la Verdad, la Memoria y la Justicia, creada por decreto hace cinco años.
Tras la invasión, y a pedido de la Iglesia Católica y de organizaciones de derechos humanos, se han realizado acciones de exhumación de cadáveres en el panteón Jardín de Paz de la capital panameña y en el cementerio de Monte Esperanza de la provincia de Colón.
El presidente de la Comisión 20 de Diciembre, Juan Planells, ha dicho que son 350 víctimas las que han sido identificadas, y consideró indispensable seguir localizando restos para lograr objetivos de justicia, sin los cuales –dijo– no se concibe un Estado de Derecho.
El decreto que creó esa Comisión señala la necesidad de contribuir al establecimiento de la verdad y en especial, el pleno conocimiento del número e identidad de las víctimas, así como de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El plazo inicial para cumplir sus funciones era de dos años, pero la Comisión ha conseguido prórrogas de operación hasta la fecha.
En la Operación “Causa Justa”, como denominó la administración del entonces presidente George Bush, padre, a su acción bélica, participaron más de 26 mil soldados, que emplearon el armamento más poderoso de la época. Su objetivo era derrocar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de la muerte de opositores, así como de trasiego de drogas.
El otrora “hombre fuerte” de Panamá se refugió el 24 de diciembre de 1989 en la embajada del Vaticano en Panamá. El 3 de enero de 1990 se entregó a las tropas invasoras. Fue conducido a Miami, Florida, donde fue juzgado, luego extraditado a Francia y, finalmente, repatriado a Panamá, donde falleció en mayo de 2017 en un penal.
A la fecha, la herida creada por la invasión lacera aún a la sociedad panameña.
Fin
